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Publicado el 2 de Octubre, 2006, 2:43. en General.
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http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index-2006-10-01.html

Domingo, 01 de Octubre de 2006
DENUNCIA CONTRA LOS LABORATORIOS POR SUS ESTRATEGIAS PARA VENDER MAS MEDICAMENTOS

Peor el remedio

Los visitadores médicos denunciaron en el Congreso que las farmacéuticas “coimean” y “entregan prebendas” para que los médicos receten sus productos. Aseguran que hasta hay sorteos y “raspaditas”. Y mencionan firmas y profesionales con nombre y apellido. Aquí, la presentación del gremio y la defensa de los acusados.

Por Pedro Lipcovich
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“Coimas, prebendas e irregularidades graves” denunció la Asociación de Agentes de Propaganda Médica “como prácticas recurrentes de la industria farmacéutica”. La presentación de los visitadores médicos, efectuada ante el Congreso de la Nación, incluye nombres de laboratorios y de conocidos doctores vinculados con ellos: “Contratan médicos líderes para promocionar nuevas drogas mediante notas seudocientíficas”. También para los médicos comunes habría “contribuciones” (coimas), a veces bajo pretexto de supuestos estudios científicos, y “últimamente se hacen cosas mucho más guarangas” –señaló a este diario un directivo de los agentes de propaganda médica–: las guarangadas incluirían la participación en concursos, donde cada prescripción de determinado remedio aumenta las probabilidades de ganar un auto; también “raspaditas” y entrega directa de dinero. El control de que los médicos efectivamente receten lo solicitado se haría mediante “auditorías” efectuadas por los mismos laboratorios gracias a un acceso a información confidencial de obras sociales. La denuncia involucra a laboratorios nacionales e internacionales, nucleados en las tres cámaras empresarias. Algunas empresas extranjeras, a causa de que las normas de sus países de origen les impiden este tipo de procedimientos, tercerizarían la promoción de los productos nuevos en laboratorios nacionales, que no tienen trabas para estas prácticas. Los visitadores también dan precisiones sobre los recursos de amparo presentados por pacientes para que las obras sociales les provean determinado remedio: serían promovidos por los laboratorios mismos, a través de estudios jurídicos asociados, para promover medicamentos de altísimo costo (ver nota aparte). La entidad gremial reclama la intervención de los poderes del Estado.
Según la denuncia de los visitadores, “importantes sociedades científicas” participan en “notas seudocientíficas en medios de difusión”, que en realidad “son publicidad paga” para la que “se contratan médicos líderes de opinión con el único objetivo de promocionar nuevas drogas de alto costo”. Un caso sería el de “una doctora de la Sociedad Argentina de Reumatología, que al mismo tiempo es gerenta de producto para artritis reumatoidea del laboratorio John Wyeth; desde ese cargo, contribuye a la venta del producto Enbrel, cuyo valor de tratamiento es de 4000 pesos mensuales”.
El secretario de Acción Social de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM), José Charreau, añadió algunos nombres: “Es difícil que se presente una nueva vacuna sin que, antes, aparezcan notas en los medios donde infectólogos como Daniel Stamboulian o Roberto Debbag hablan de las bondades del producto. El producto puede ser bueno, pero tal vez no sea lo más adecuado asignarle recursos públicos o de obras sociales que podrían ir mejor a otras enfermedades. Lo cierto es que esto no es gratis: de los laboratorios que venden vacunas o antibióticos, no hay ninguno que no tenga recibos por pagos al Funcei”, la Fundación Centro de Estudios Infectológicos, que dirige Stamboulian (ver aparte).
No se trata sólo de los médicos líderes, hay para todos. “La inducción económica a los profesionales de salud para la prescripción de productos se ha exacerbado a niveles increíbles –sostiene Charreau–: antes, se trataba sólo de contribuciones para estudios, viajes, becas: hoy la coima es directa. Esto se aplica en especial a determinados productos que, por su alto costo, son de especial interés para los laboratorios: directamente se le ofrece al médico una suma, veinte, treinta, cincuenta pesos por cada prescripción.”
Es que “los laboratorios disponen de un dinero para ‘contribuciones’ destinadas a los médicos. Se van otorgando en función de la posibilidad de lograr mayores prescripciones”, explica el gremialista de AAPM. ¿Cómo intervienen en este procedimiento los agentes de propaganda médica? “Cada visitador debe detectar, en su zona, cuáles son los médicos de mayor potencial, porque atienden mejores obras sociales o tienen mucho caudal de pacientes; de éstos, hay que establecer cuáles son más permeables.” En las reuniones de trabajo con los agentes de propaganda médica, “se los consulta en qué médicos ‘invertir’ y se asignan sumas para cada uno”. No es que el doctor “permeable” se adscriba sólo a un laboratorio. “Toma lo que le ofrece uno y también lo que le ofrece el de la competencia –precisa Charreau–. Este sistema se ha hecho carne en nuestro medio, es muy difícil modificarlo.”
Según los gremialistas de AAPM, por estas coimas “los médicos entregan recibos”, ya que en general los laboratorios necesitan blanquear esas sumas; los recibos suelen ser por “asesoría científica” y a veces, “el médico le da el recibo a una empresa en la que el laboratorio terceriza esta función, para no figurar directamente”.
Además de las “contribuciones directas”, los médicos son remunerados por “estudios seudocientíficos”, según Charreau: “‘Mire, doctor, tenemos este producto nuevo, aprobado por la FDA de Estados Unidos: nos interesa que usted haga una evaluación con sus pacientes’. Y se le entrega al médico una hoja de evaluación. Todos saben perfectamente que eso no es un verdadero estudio clínico; los estudios clínicos deben estar aprobados por la Anmat, deben ser gratuitos y seguir determinados procedimientos. Es un falso estudio clínico pero ‘como esto implica mayor trabajo para usted, doctor, estimamos que le corresponden 50 pesos por la visita de cada paciente’”, ejemplifica Charreau, y aclara que “en realidad esos recursos indirectos ya no se usan mucho; últimamente se hacen cosas mucho más guarangas”.
Por ejemplo, “el laboratorio Casasco, junto con un producto, estuvo entregando al médico unas tarjetitas para ‘raspadita’, con premios. El laboratorio Syncro (hoy absorbido por Ivax), sorteaba un auto entre cien números, que se otorgaban de este modo: si el médico prescribía un tratamiento, recibía un número; si prescribíados, dos números; con diez prescripciones obtenía diez de los cien números, y así”, cuenta el representante de los agentes de propaganda médica, y comenta: “El doctor Federico Pavlovsky describió perfectamente lo que pasa” (se refiere a la nota publicada en la sección Psicología de Página/12 el 24 de agosto).
¿Cómo controlar si el médico cumple en prescribir aquello por lo que se le paga? “Los laboratorios hacen ‘auditorías’ a partir de información que compran en forma ilegítima. Las obras sociales, PAMI e IOMA tienen convenios con administradoras de fármacos por las cuales la información se vuelca en planillas; se incluyen datos confidenciales, como los nombres y diagnósticos de los pacientes. Todo eso termina en poder de los laboratorios, que lo usan para armar estrategias y para ‘auditar’ el cumplimiento de los médicos”, cuenta Charreau.
También hay mecanismos de control más directos: “Uno de los principales laboratorios nacionales elabora un producto inyectable para la artritis reumatoidea que debe ser aplicado por el médico mismo mediante una jeringa presionable: la jeringa tiene una especie de troquel que el médico retiene: cuando va el visitador, le entrega los troqueles que juntó y recibe una suma establecida por cada uno”, revela el gremialista.
Los laboratorios extranjeros suelen tener dificultades para adaptarse a estas modalidades de comercialización: “En sus países de origen tienen prohibido, no sólo coimear, sino a veces incluso entregar objetos que, aunque sean de carácter científico, puedan dar lugar a la posibilidad de un beneficio comercial. Entonces, para evitar conflictos con las casas centrales, operan a través de laboratorios argentinos”. Un caso, que la AAPM incluye en su denuncia ante el Congreso, sería el del laboratorio argentino Gobbi Novag: “Es una pequeña empresa situada en Wilde, con apenas 12 visitadores médicos. Sin embargo, Pfizer, el laboratorio más importante del mundo, acaba de hacer un convenio con Gobbi Novag para promocionar su producto oncológico Sutent, pese a que Pfizer tiene doscientos visitadores médicos, una de las fuerzas de venta más importantes del país. El costo de tratamiento del Sutent es de 10.000 pesos por mes”, precisó el gremialista (ver aparte).
“Vas a quedar renguito”
Estas modalidades no sólo conciernen a los fármacos, sino también a las prótesis traumatológicas: “No hay una sola prótesis que se coloque en la Argentina sin que el médico reciba ‘el vuelto’”, sostiene Charreau, y observa: “Si uno se comunica con un fabricante y pide precio por una prótesis, no se lo van a dar a menos que diga qué médico se la indicó: para establecer precio necesitan saber cuánto se lleva el médico. En Mar del Plata, por ejemplo, se ha llegado a establecer un precio mínimo de ‘devolución’ al médico: recibe 3000 pesos, independientemente del valor de la prótesis. También hay ‘devolución’ para los stents con drogas, que valen hasta diez mil pesos. Un líder en el sector otorgó la distribución a dos empresas chicas, también porque tendría problemas para justificar internacionalmente las ‘contribuciones’”.
Para las prótesis, “el PMO (Programa Médico Obligatorio para obras sociales y prepagos) dice que la prescripción debe ser por nombre genérico y preferentemente de fabricación nacional, pero, supongamos, un paciente se tiene que hacer un reemplazo de cadera y el médico le dice: ‘Mirá, por tu edad y la patología que tenés, necesitarías esta prótesis: si la obra social no te la cubre yo te pongo otra pero por ahí vas a quedar renguito, o después de un año te voy a tener que operar de nuevo...”. Entonces el paciente va desesperado a exigir la prótesis en la obra social; ¿cómo explicarle al paciente lo de la ‘contribución’? Utilizan al más débil de la cadena, al enfermo”, cuenta el directivo de AAPM.
“Ahora salió al mercado una prótesis nueva, cerámica, que vale 26.000 pesos: al sistema de salud le resulta imposible sostener esos valores”, comenta Charreau, y explica: “Las prótesis traumatológicas, como los trasplantes y algunos otros requerimientos, se cubren a partir de un fondo que maneja la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud, al que las obras sociales, es decir, los trabajadores, aportan del diez al 15 por ciento de su recaudación. La Administración fija valores de referencia: una prótesis de cadera está en 7000 pesos, que es un monto razonable. Pero la industria promociona nuevos productos que elevan el precio de manera insostenible, además de la ‘contribución’ a los médicos. Así se desfinancia un sistema conformado por aportes de los trabajadores”. El documento de la AAPM también denuncia los “tratamientos compartidos: el médico prescribe una droga recientemente aprobada y, junto con la prescripción, le da al paciente un número de teléfono del laboratorio: si el paciente llama, le enviarán otro envase del mismo medicamento, gratis. Esto nos lleva a la pregunta de cuál es el precio real del medicamento: si entregan dos por uno y siguen ganando, quiere decir que el medicamento fue aprobado con un valor de venta que es, como mínimo, el doble del real”.
La AAPM –adherida a la CTA– presentó su denuncia en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, a la cual solicitó “una exhaustiva investigación del mercado farmacéutico” y “llamar a una audiencia pública nacional para discutir las gravísimas irregularidades del sector”. Los visitadores anuncian también “un paro de actividades” y “escraches a importantes laboratorios”.
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Los acusados se defienden

Por P. L.

“Soy director para América latina del laboratorio Sanofi-Pasteur, uno de los fabricantes de vacunas más importantes del mundo”, aclaró el infectólogo Roberto Debbag, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Infectología y del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Infectología (mencionado críticamente por los visitadores médicos). Y afirmó que “la educación médica en el mundo está apoyada por la industria farmacéutica, de la cual también reciben aportes las sociedades científicas del mundo”.
El infectólogo Daniel Stamboulian reconoció que la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei), que preside, ha recibido sumas de laboratorios pero aclaró que es “por trabajos de educación médica: tomamos medicamentos, como antibióticos o vacunas, para establecer sus pros y sus contras, con independencia del laboratorio”; además, como presidente del Funcei no cobro un peso: lo cobra la fundación, que está controlada por las autoridades”. 

La explicación de Pfizer

Por P. L.

Myriam Scarpelli, gerente de relaciones públicas del laboratorio Pfizer, admitió que “tenemos un convenio con Gobbi-Novag para la comercialización de nuestra línea de oncología (ver nota principal). Ello se debe a que en 2003 Pfizer Internacional adquirió la firma Pharmacia, que tenía una línea de oncología. Como Pfizer nunca había estado en esta área, se decidió que los productos oncológicos fueran comercializados por una empresa especializada en el área de oncología”.
–¿Es una política global de Pfizer?
–No. Es que en la Argentina, además, Pfizer pasó a producir la línea oncológica que antes fabricaba el laboratorio Rontag. Por lo demás, en el contrato con Gobbi Novag hay una cláusula por la cual ellos se comprometen a respetar el código de ética de Pfizer y el de Caeme (cámara que aglutina a los laboratorios extranjeros).
–¿Gobbi-Novag fabrica productos oncológicos?
–No sabría decirle. Sé que tienen contratos de comercialización con otras compañías multinacionales.
Página/12 intentó desde el lunes comunicarse con el laboratorio Gobbi-Novag pero una empleada respondió que “el tema corresponde a la sección Marketing y ellos están sin teléfono por unos días: nos cortaron los cables y los están empalmando”. En la semana, el empalme nunca llegó. 

Un pedido de intervención


“La negativa constante a nuestros reclamos gremiales, junto con despidos injustificados, son parte de las represalias de los laboratorios frente a la política de AAPM por hacer cumplir los preceptos de la OMS, según los cuales la promoción de medicamentos debe realizarse desde normas éticas, sanitarias y científicas, y no a través de mecanismos de marketing como si fueran bienes de consumo masivo”, sostiene la Asociación de Agentes de Propaganda Médica.
“El comportamiento antiético de la industria conspira contra la dignidad de nuestra profesión, y hace que nuestros compañeros terminan siendo utilizados afirmó José Charreau, secretario de acción social de la AAPM. Para nosotros es esencial que el Estado impida este tipo de procedimientos.” 

“Elaborar una pauta ética”


Manuel Limeres, director de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), consultado por este diario, anunció su disposición a “convocar a todas las cámaras empresarias del sector farmacéutico para elaborar una pauta ética para la promoción de medicamentos dirigida a los profesionales”. El funcionario señaló también que “el ministro de Salud de la Nación (Ginés González García) denunció ante la Asociación de Magistrados la práctica de los laboratorios que, como presión comercial, propician y financian recursos de amparo, presentados por abogados vinculados con las empresas, para que se admitan medicamentos no incluidos en las pautas y protocolos de obras sociales”. 

LAS PRESENTACIONES CONTRA LAS OBRAS SOCIALES

La trampa de los amparos

Por P. L.
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“Los recursos de amparo contra obras sociales, por parte de pacientes que exigen un medicamento, son motorizados por los laboratorios y forman parte de las acciones previstas en la promoción del producto”: así lo denuncia la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM). Los laboratorios organizarían fundaciones, supuestamente independientes, para centralizar el procedimiento: un estudio jurídico vinculado con el laboratorio se haría cargo de presentar el amparo, a partir de un resumen clínico preparado por un médico también vinculado con la empresa. Los laboratorios también enviarían a sus visitadores a asesorar directamente a los pacientes para la presentación del amparo. En todos los casos se trataría de medicamentos nuevos y carísimos, no incluidos en el Programa Médico Obligatorio que rige a las obras sociales y el procedimiento “claramente desfinancia el sistema solidario de salud”.
“Un grupo de visitadores me pidió que, como delegado del laboratorio donde trabajaban, pidiera para ellos una remuneración adicional, ya que hacían ‘tareas especiales de apoyo a los pacientes’ –contó José Charreau, secretario de acción social de la AAPM: cuando les pregunté en qué consistían esas tareas, me explicaron con toda naturalidad: ‘Asesoramos a los pacientes para que presenten recursos de amparo’.”
Según esta denuncia de AAPM –incluida en su presentación ante el Congreso de la Nación–, “la gran mayoría de los laboratorios generan y financian fundaciones, integradas por un pequeño grupo de personas que padecen determinada enfermedad y que generalmente cuentan con números telefónicos gratuitos de consulta. El médico, a su vez vinculado con el laboratorio, le receta al paciente un medicamento nuevo, cuyo costo de tratamiento puede ser de 6000 pesos mensuales durante un período prolongado o de por vida. Cuando la obra social le niega el producto, que no está incluido en el PMO, el paciente llama a aquel número telefónico, que le fue suministrado por el médico. Allí le sugieren presentar un recurso de amparo y le dan los datos del estudio jurídico que lo va a preparar, a partir de un resumen de historia clínica redactado por el médico. El amparo está contemplado entre las acciones promocionales que tiene el
laboratorio”, precisó Charreau.
La denuncia de AAPM advierte que “esto claramente desfinancia el sistema solidario de salud y busca que ese tratamiento sea comprado y cubierto”. Charreau señaló que “entonces, la estrategia de venta requiere la judicialización a través de los recursos de amparo, ya que a menudo los jueces, apremiados por las presiones y la supuesta urgencia, acceden”.





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Norberto Litvinoff
Lic en Psicologia//Lic en Sociologia-Sexologo
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